El Sindicato de Policías denuncia a la Fiscalía la paralización de las sanciones

/ Pide que se investiguen responsabilidades penales y apunta a Fran Fernández  

CHEMA RODRÍGUEZ / El Mundo Sevilla

La Ley 7/2006 de Andalucía, vulgarmente conocida como Ley Antibotellón, se aplica en Sevilla sólo a medias, al menos desde 2009. Buena parte de las sanciones que impuso la Policía Local entonces siguen, un año después, en algún cajón y sin tramitar, según la denuncia que ayer interpuso ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), que señala a la Delegación de Movilidad y a su titular, el concejal Francisco Fernández, como los máximos responsables de una situación que, a su juicio, podría suponer una infracción penal.  

El Sppme dice en su denuncia que entre febrero de 2009 y enero de este año no se ha tramitado ni una sola de las sanciones propuestas por los agentes municipales. En ese periodo, destaca el sindicato, la responsabilidad en esta materia recaía sobre la Delegación de Movilidad, que no sólo no dio curso a las denuncias, sino que, además, tampoco las remitió, como debía hacer según el acuerdo de la Junta de Gobierno, a la Agencia Tributaria, sobre la que recae esta responsabilidad desde enero.

EL MUNDO de Andalucía ha podido constatar que, si no todas, sí algunas de las denuncias relacionada con la Ley 7/2006 no han llegado a tramitarse, hasta el punto de que ni siquiera se ha llegado a nombrar instructor.  

El Sindicato de Policía insinúa que Movilidad quiere que prescriban las denuncias

Es el caso, por ejemplo, de una denuncia fechada el 3 de julio de 2009, cuando una patrulla de la Policía Local denunció a J.C.G., de 37 años que fue sorprendido consumiendo alcohol en la Alameda de Hércules a las 3.58 horas. Los agentes municipales, después de identificarle y mantener un forcejeo con el sujeto –que intentó resistirse hasta a facilitar la documentación– le impusieron una sanción por infringir la conocida como Ley Antibotellón concretada en el boletín de denuncia con número 183.802.  

Sin embargo, según relató a este periódico uno de los agentes firmantes de la denuncia, ésta no ha derivado en sanción alguna puesto que el procedimiento ni siquiera ha comenzado aún. El boletín con número 183.802 permanece guardado, según este agente, en algún cajón de Movilidad.

El Sppme llega a advertir en el escrito que ayer presentó ante el Ministerio Público que muchas de las denuncias por infracciones de la Ley Antibotellón están prescribiendo debido a que Movilidad no ha impulsado su tramitación.

Según las estimaciones de los representantes sindicales de la Policía Local, cada semana se pueden llegar a interponer hasta 50 denuncias en base a esta norma que prohibe el consumo de alcohol en la vía pública, lo que elevaría a cerca de 200 las que se registran en un mes. Tomando esta cifra como media, los expedientes paralizados a los que alude el Sppme en su denuncia podrían superar los 2.000.  

Pero el denunciante, el presidente provincial del Sppme, Manuel Bustelo, va más allá y llega a afirmar en el escrito remitido a la Fiscalía que detrás la paralización de los expedientes de sanción podría tener como objetivo que prescriban las infracciones denunciadas, algo que, añade, constituye una clara dejación de funciones y «una absoluta falta de respeto a la labor en la calle de los agentes de la Policía Local», al tiempo que podría constituir un delito.

Por todo ello, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España no sólo pide al Ministerio Público que abra una investigación y, llegado el caso, que denuncie el caso ante un juzgado. Además, propone la realización de algunas pruebas.  

Entre otras cuestiones, el denunciante insta a la Fiscalía a que reclame a la Delegación de Movilidad un informe detallado sobre el estado de tramitación en el que se encuentran los expedientes sancionadores relativos a la Ley Antibotellón y, específicamente, sobre la denuncia de julio de 2009 antes citada. Igualmente, plantea la necesidad de que recabar información en parecidos términos de la Agencia  Tributaria de Sevilla, a la que corresponde desde enero tramitar las sanciones.

Este periódico intentó ayer, sin éxito, recabar la versión oficial del Ayuntamiento de Sevilla acerca de la denuncia del Sppme.